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La Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), reunida este fin de semana en Cartagena (Murcia), aprobó por unanimidad una resolución sobre la necesidad de que las prácticas de los estudiantes universitarios sea pagadas, propuesta por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

La resolución fue defendida por Victoria Prego, presidenta de la APM, quien calificó de «inicuo» el tratamiento salarial y laboral que están sufriendo los becarios, los autónomos y los colaboradores.

Dicha resolución contempla los siguientes puntos:

  –Solicitar a los grupos parlamentarios que trabajen para la modificación de la actual regulación de las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, con el fin de que sean obligatoriamente remuneradas y dejen de ser un recurso para contar con mano de obra barata.

  –Reclamar que las universidades eliminen las ofertas sin remuneración y potencien solo las prácticas y becas que incluyan una ayuda económica.

  –Instar a los medios a que acaben con la precariedad laboral y salarial como forma de dignificar la profesión periodística y, de paso, su propia credibilidad y prestigio. Una redacción mal pagada y con becarios sin remuneración es una puerta abierta a la entrada masiva de las presiones y a la pérdida de la independencia.

  –Deplorar que los editores se aprovechen del elevado número de estudiantes que requieren prácticas de formación, muy superior al de plazas ofertadas, y sigan utilizándolos como mano de obra barata para cubrir puestos estructurales.

 

  –Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que intensifique las inspecciones en las empresas que recurren a los becarios y practicantes para cubrir puestos de trabajo que, de no llevarse a cabo por aquellos, tendrían que encomendarse a otras personas. La finalidad principal de una beca o de unas prácticas debe de ser única y exclusivamente la formación del estudiante.

Según se lee en la argumentación de la resolución, la profesión periodística está viviendo desde 2008 una de las peores crisis de su historia. Una crisis que no solo ha causado el despido de más de 12.000 trabajadores del sector, periodistas en su gran mayoría, sino que ha precarizado el empleo hasta límites que vulneran el derecho fundamental de todo los españoles al trabajo y, como señala nuestra Constitución, a una «remuneración suficiente para satisfacer» sus necesidades y las de su familia.

Además de recurrir a las reducciones de las plantillas, los editores han promovido rebajas sustanciales de los salarios y la eliminación de buena parte de los derechos laborales generales y de los que son propios del oficio periodístico, como es el caso de los derechos de autor, cuya cesión total para su comercialización viene siendo exigida por los propietarios de los medios.

Con la etiqueta «#gratisnotrabajo», la APM lanzó en 2011 una campaña en las redes sociales en contra de las ofertas de trabajo indignas, mediante la cual se han tramitado más de 250 denuncias de propuestas de empleo sin remuneración o con remuneraciones humillantes. Las denuncias incluyen las ofertas de becas y de prácticas sin salarios.

La rebaja salarial y los salarios indignos está afectando de una manera especial a los colaboradores, autónomos y ‘freelance’, pese a que hoy en día se han convertido en muchos casos en los únicos suministradores de información clave para los medios, sobre todo en la parcela internacional, tras la supresión de corresponsalías.

Las universidades tampoco están haciendo bien los deberes en materia de becas y prácticas, ya que siguen aceptando en algunos casos condiciones inadmisibles de las empresas, lo que coloca al estudiante ante una situación de indefensión y de incertidumbre sobre su futuro profesional.

Desde la APM, siempre hemos sostenido que la precarización laboral y salarial debilita la capacidad de los periodistas para resistir las crecientes presiones que sufre nuestra profesión. El «Informe Anual de la Profesión Periodística 2015», editado por la APM, refleja que más del 76 por ciento de los periodistas encuestados admite haber recibido presiones para modificar informaciones. Y el 75,7 por ciento reconoce que ha cedido a la presión.

Pie de foto:De izquierda a derecha: David Corral, tesorero; Jesús Picatoste, secretario general; Elsa González, presidenta; Aurelio Martín, vicepresidente primero; y Carlos Sanz, vicesecretario / Fotografía: Nuria Navarrete