Asociación de la Prensa de Málaga

La FEP aprueba por unanimidad la moción promovida por la FAPE en defensa de los medios públicos

La defensa como servicio público esencial de los medios de titularidad pública en España y Portugal, el frontal rechazo de las injerencias políticas en los contenidos periodísticos y la lucha contra la precariedad laboral, fueron los tres ejes principales de la moción presentada en la asamblea de la Federación Europea de Periodistas (FEP) por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Sindicato dos Jornalistas de Portugal (SJP) a la que sumaron su firma los sindicatos españoles FeSP y la UGT.

La moción fue aprobada por unanimidad de las 78 delegaciones de las organizaciones que integran la FEP y que se reunieron en la capital croata, por vez primera tras el periodo de confinamiento pandémico. En el intenso debate sobre los PSM (Public Service Media) en Europa, participaron representantes de otros países, Francia destacadamente, dónde la problemática es también preocupante.

En la moción se puso de relieve, en el caso español, el errático proceso de elección del nuevo director general del entre RTVE, tras 3 años de provisionalidad y sin que los partidos políticos que forman el Consejo de Administración dejaran culminar el proceso de selección llevado a cabo por un comité de expertos, como en su día prometieron. Asimismo se dió a conocer a la Asamblea la intención de la nueva dirección de RTVE de la no renovación de más de 300 contratos temporales, como en su día denunció la FAPE.

En el caso de las televisiones autonómicas se puso el acento en Telemadrid, TV3 y la TVG. En el caso de Madrid, la moción destacó la arbitrariedad manifestada por la presidenta de la Comunidad Autónoma, Isabel Díaz Ayuso, de nombrar “a dedo” al nuevo director general, José Antonio Sánchez, incluso antes del termino legal del anterior mandatario y sin respetar el proceso estatutario. Sánchez, vinculado al Partido Popular, tuvo en su día mandatos muy polémicos cuando dirigió RTVE y posteriormente Telemadrid, donde firmó el despido de 861 trabajadores.

En la moción se destacó, asimismo, que en la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), señaladamente TV3, los partidos nacionalistas continúan obstaculizando con dilaciones el desarrollo de la ley que obliga a la renovación del Consejo de Administración de dicha Corporación. Para el caso de Galicia, autonomía con mayoría secular del Partido Popular, la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) sigue sin aplicar, desde hace una década, preceptos claves de la ley 239/2011 del Parlamento gallego, aprobada en su día con los votos del propio PP, como la elección del director general por los dos tercios del Parlamento o la creación del Consejo y del Estatuto de la Redacción.

En Portugal, como se subrayó en la moción ibérica, los problemas son básicamente de precariedad laboral, ya que predominan sobre la injerencia y manipulación desde las instancias políticas, que existen, pero en menor medida que en España, como indicó la representante portuguesa en la Asamblea. En concreto, la RTP (Radio Televisión Portuguesa) ha sufrido recientemente una significativa pérdida de puestos de trabajo como la no sustitución de bajas por jubilación o la no renovación de contratos temporales. La disminución de un 10 % del presupuesto de la RTP ha supuesto también recortes salariales y peores condiciones de trabajo para los periodistas.

La moción, que no tuvo votos en contra ni abstención alguna, obliga al Steering Committee (Comité Director) de la FEP a la monitorización frecuente de cualquier decisión gubernamental que ponga en riesgo el servicio público audiovisual en España y Portugal, así como la observancia de las directivas de la Unión Europea 2010/13 y 2018/1808 EP sobre la profesionalización de los medios públicos.