La nueva Ley Audiovisual en Andalucía debe definir con claridad al profesional de la información
2 abril, 2018
SEVILLA, 26/03/2018 | CPPA.- La decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Eva B. Navarrete, ha acudido al Parlamento andaluz invitada por la Comisión Permanente de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática para trasladar las consideraciones oportunas respecto del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía.
La decana estuvo acompañada del vicedecano primero, Ángel Fernández y del secretario general de la corporación, José Barrera.
Navarrete ha expuesto los aspectos más relevantes que, en opinión del Colegio, deben ser incorporados o tenidos en cuenta en el trámite parlamentario y que se refieren, por un lado, a aspectos directamente relacionados con la profesión y su ejercicio y, por otro, a temas que podrían ser mejorados a juicio de esta institución y que son de carácter más general.
Respecto del primer apartado, se han abordado seis puntos fundamentales: el concepto de profesional de la información; el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía; la garantía de realización por los profesionales de la información de los servicios informativos; el registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual; sobre las labores de inspección y sanción y las emisiones en cadena.
En cuanto a las sugerencias sobre posibles mejoras de carácter general del articulado del proyecto, la ponencia del Colegio refiere al ámbito de aplicación de la Ley; la definición de determinados conceptos que no quedan claros en la norma; los derechos de los menores; sobre el Consejo Audiovisual de Andalucía; la corregulación y la autorregulación en materia de publicidad; la calificación de contenidos por edades; el control del presupuesto; o la financiación anticipada de obra europea.
De forma más concreta, el Colegio propone que la «Ley reconozca y defina, al igual que ha hecho en el artículo 3 con otros conceptos, el concepto de profesional de la información, considerando así a quienes estén licenciados o graduados en periodismo o comunicación audiovisual o quienes no reuniendo esta condición estén colegiados en algún colegio profesional de periodistas». Igualmente, la propuesta colegial plantea que «es preciso garantizar en primer término la independencia de los profesionales de la información y la comunicación». Para ello propone que se haga mención expresa «al papel de los profesionales de la información y la comunicación, a los periodistas, en el articulado de la Ley, dotando a estas personas de instrumentos que les permitan cumplir con las obligaciones y desarrollar las responsabilidades que se le asignan en el ámbito de la información». Así, se sugiere que «la Ley contemple la incorporación en los medios de comunicación audiovisuales de un órgano interno de participación de los profesionales, que vele por la independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos difundidos, a semejanza de los consejos de informativos de la RTVE o los consejos profesionales de la RTVA».
En sus aportaciones, el Colegio ha hecho referencia al informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Unión Europea sobre las fakenews y la desinformación online, que expresamente incide en la necesidad de respaldar y apoyar el «periodismo de calidad» y dotar a la ciudadanía de instrumentos que permitan distinguir el periodismo y la información de lo que no lo es.
El Colegio está participando en esta tramitación y otras a las que está siendo llamado por los grupos parlamentarios en desarrollo de las funciones que la Ley de creación le atribuye, como son las de «Informar, en los términos previstos en las disposiciones aplicables, de los proyectos de Ley y de disposiciones de cualquier otro rango en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se refieran a las condiciones generales del ejercicio de la profesión, incluso titulación requerida, y régimen de incompatibilidades (…); vigilar que la utilización del nombre y el ejercicio del periodismo se atengan a las normas reguladoras de la profesión que se determinen y su ejercicio, adoptando las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional, requiriendo el apoyo de los organismos competentes y denunciando y persiguiendo ante la Administración y tribunales de justicia los casos detectados, (…) así como Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profesional o que afecten directamente a los colegios profesionales».
La ponencia presentada por el Colegio ha recogido las alegaciones que se realizaron durante la fase previa del anteproyecto así como las aportaciones que las personas colegiadas remitieron por correo al organismo.
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