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MADRID | PDLI | La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) presentó el pasado 22 de noviembre de 2016, en el Registro del Congreso de los Diputados, sus demandas a los grupos parlamentarios en materia de libertad de expresión y de información para esta XII legislatura.

Se trata de un documento con diez medidas urgentes entregado por la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, junto con la secretaria general de la organización y representantes del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que incluye la derogación de las normas conocidas como «Leyes Mordaza», la revisión de los delitos de opinión, la recuperación de la independencia de RTVE, o la protección de los denunciantes («whistleblowers»).

Según la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, «hemos asistido a un retroceso de libertades sin precedentes que debe corregirse. Sin ninguna duda, las leyes aprobadas en pasadas legislaturas han sido el principal ataque contra estos dos derechos fundamentales, que además son el pilar de la democracia».

Retroceso de libertades sin precedentes

Sobre las llamadas «Leyes Mordaza», la presidenta de la PDLI denunció, en declaraciones a los medios, que «no hay ninguna fundamentación que las sustente, solo el temor a que la ciudadanía cuestione decisiones del Gobierno a través de protestas públicas, ya sea en la calle o en las redes sociales».

También criticó la ambigüedad de la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo: «Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso», como se ha demostrado, por ejemplo, en las sanciones que durante este año de vigencia se han impuesto a informadores que cubrían hechos noticiosos.

No existe el derecho a no ser ofendido

Respecto a los mal llamados «delitos de opinión», Virginia Pérez Alonso recalcó que «con frecuencia se nos olvida que no existe el derecho a no ser ofendido».

Para la PDLI «es preocupante que se utilice el Código Penal para perseguir expresiones que se consideran de mal gusto, chocantes o que fuera de lo que socialmente se considera correcto», como ya manifestó la organización con motivo de procedimientos judiciales recientes como los juicios contra el artista César Strawberry o el concejal Guillermo Zapata.

Algo que, además, es una anomalía, pues «según los estándares internacionales son conductas que deberían perseguirse, en todo caso, por la vía civil», explicó Pérez Alonso.

Además recuerdan, siguiendo a expertos internacionales en la materia, que «sólo en aquellos casos de auténtica incitación a la comisión de delitos podría limitarse la libertad de expresión».

Por ello han pedido que se revise la regulación del «enaltecimiento del terrorismo» y de los delitos de «injurias y calumnias».

En cuanto a RTVE, la PDLI plantea, como primer paso, derogar el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente.

Por otro lado, y como una medida inseparable de la lucha contra la corrupción, la PDLI reclama a los grupos parlamentarios la protección de los denunciantes y de las filtraciones.