Lucía Avilés: «A pesar de que la violencia económica es muy visible, está tan interiorizada que ha permanecido oculta del discurso social y judicial»

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MÁLAGA 24.11.2022 | La magistrada Lucia Avilés y su pionera iniciativa legislativa judicial para que la violencia económica sea tipificada como violencia de género en el Código Penal, ha protagonizado el acto central de la campaña que en torno al 25 de Noviembre se ha puesto en marcha desde la Asamblea de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de la Asociación de la Prensa de Málaga, en colaboración con el área de Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de  Málaga. La conferencia de la titular del Juzgado número 2 de Mataró (Barcelona) se celebró el pasado 21 de noviembre en el Museo Carmen Thyssen, entidad colaboradora del evento, bajo el título ‘Violencia económica como violencia de género’ con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N). La presentación corrió a cargo de la presidenta de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la APM, Teresa Santos Garrote, y la directora general del área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga, Mª Dolores Aurioles Florido.

Tal y como explicó Lucía Avilés en el encuentro, utilizó un artículo que se estudia de pasada en las Facultades de Derecho, el artículo 4.2 del Código Penal, para presentar ante el Gobierno una iniciativa legislativa judicial para que desde el Ejecutivo se promueva la tipificación de la violencia económica como violencia económica de género. Es una forma de reivindicar que la justicia se adelanta a la ley y es capaz de promover una transformación social de la mano de una recomendación en una resolución judicial, ha explicado Avilés.

Entiende la magistrada que el enjuiciamiento con perspectiva de género es un mandato jurídico vinculante, y su iniciativa es el resultado del cumplimiento de ese mandato, de ese precepto constitucional. No sólo supone una interpretación de la norma jurídica, sino que además promueve la modificación de la ley para adaptarla al contexto de violencia de género. Avilés ha recordado que aunque no hay una definición oficial de violencia económica de género, de ella se habla en el convenio de Estambul, subscrito por España en 2014, y en la recomendación número 35 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.

Para la magistrada si la violencia de género lo que pretende es la sumisión de las mujeres y el control sobre ellas a través de la violencia física, psicológica o sexual, también lo es cuando el control o el sometimiento de las mujeres se lleva a cabo con medios económicos coercitivos. “A pesar de ser una violencia muy visible, el hecho de que esté tan interiorizada hace que haya permanecido oculta del discurso social también en los juzgados. Las victimas, las mujeres denunciantes nos hablan de múltiples violencia, entre otras de la económica.”

Esta violencia económica se produce cuando hay una dependencia brutal del agresor, cuando se anula o reduce la capacidad económica de una mujer para mantenerse a sí misma y a sus hijos o hijas para que así siga dependiendo del agresor y mercando su capacidad de escapar de la violencia. Explica Lucía Avilés que en muchas ocasiones es una violencia que continua tras el divorcio y que se transforma en el impago continuado de la pensión alimenticia. Con esta iniciativa, la jueza pretende que en los casos de impago reiterado de pensiones, el agresor no sólo tenga que responder al pago de esas pensiones, sino que el reproche penal responda al daño social causado.

También se refirió en su conferencia al techo de cristal, que según dijo, también existe en la judicatura, aunque ya casi la mitad de las sentencias son firmadas por mujeres.