La Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) mantuvo el pasado viernes un encuentro con Maite Verdugo, directora de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, en el Hotel Vincci Posada del Patio, con el objetivo de dar a conocer las funciones y el alcance de este nuevo organismo, así como reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación ante los delitos de odio.

Al encuentro asistió una decena de periodistas integrantes de la Asamblea, entre ellas su coordinadora, Teresa Santos, y la presidenta de la APM, Elena Blanco. Durante la sesión, Verdugo explicó que la Autoridad que dirige se encuentra aún en fase de desarrollo, a la espera de completar su estructura normativa y su equipo humano, y subrayó la importancia de su labor en la protección frente a la discriminación.

En su intervención, la fiscal puso el foco en el papel de los medios de comunicación, advirtiendo de que “no deben fomentar el odio ni contribuir a discursos racistas o discriminatorios”, en alusión a determinadas coberturas informativas recientes. En este sentido, alertó de la creciente dificultad para diferenciar entre información y opinión, un fenómeno que, a su juicio, contribuye a la desinformación y a la polarización.

Verdugo recordó que Málaga ha sido pionera en el abordaje de los delitos de odio y explicó que la evolución de la delincuencia, cada vez más sofisticada, ha exigido una mayor especialización por parte de la Fiscalía, con la creación en 2009 de áreas específicas. Detalló que estos delitos se producen cuando una persona o colectivo es atacado por motivos como su orientación sexual, origen o creencias, y advirtió de un incremento reciente, especialmente en casos de homofobia y racismo.

Libertad de expersión – Delitos de odio

Uno de los aspectos abordados fue el límite entre la libertad de expresión y los delitos de odio, una frontera que calificó de “compleja”. Para su delimitación, mencionó el denominado Test de Rabat, un marco internacional que establece criterios como el contexto, la intención del emisor, el contenido del mensaje, su alcance o la probabilidad de causar daño para determinar cuándo una expresión puede considerarse incitación al odio y, por tanto, susceptible de ser sancionada.

Asimismo, defendió la imparcialidad de la Justicia frente a la percepción de creciente polarización, señalando que “no es real la imagen de una justicia radicalizada”, aunque reconoció la existencia de profesionales que sí lo son “como en el resto de profesiones”.

La directora insistió en la necesidad de reforzar la educación y la formación como herramientas clave para prevenir estos delitos, en un enfoque que definió como “transversal” y que implica a toda la sociedad. También destacó la importancia de la divulgación institucional para dar a conocer el trabajo que se realiza en este ámbito.

A título personal, Verdugo calificó su labor como fiscal como “un privilegio”, si bien admitió que se trata de una profesión exigente y en ocasiones ingrata.

El encuentro sirvió como espacio de intercambio entre las profesionales de la comunicación y la responsable institucional, reforzando el compromiso de avanzar hacia un ejercicio periodístico responsable que contribuya a frenar los discursos de odio y a promover la igualdad de trato.