MÁLAGA 11.10.2022 | El coordinador de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía de Málaga, Jorge Manrique, apuntó la necesidad de una mayor especialización de jueces, fiscales, abogados y periodistas para abordar este tipo de delitos durante el taller formativo que organizaron la Asociación de la Prensa de Málaga y el Colegio de Abogados en el salón de actos de la Audiencia Provincial, colaboradora del evento. Manrique, abogado y economista forense, especialista en delincuencia economica, señaló también la falta de medios y de tiempo para investigar con detalle los delitos de blanqueo. «Por eso tenemos que ser más prácticos e ir a lo que estamos seguros que podemos probar, ya que muchos de los delitos de blanqueo se quedan en infracciones monetarias o delitos fiscales». De las miles de investigaciones policiales y del SPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) que se producen al año, menos de 400 casos de blanqueo terminan en condena.

Son algunas de las conclusiones del taller ‘Blanqueo de capitales. Prevención y tratamiento informativo’, inaugurado el pasado 10 de octubre por el decano de la Abogacía de Málaga, Salvador González, y por Teresa Santos, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, moderadora del debate posterior. En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de este tipo de talleres para formar a los profesionales de uno y otro campo. El curso también contó con la participación del letrado Moisés Lorenzo Sanjuan, miembro de la Sección de Prevención del Blanqueo de Capitales, que centró su participación en el papel de las inmobiliarias y los notarios, la operativa bancaria, y los controles dentro del sistema financiero internacional.

El taller, dirigido a periodistas, abogados y estudiantes de ambas titulaciones, contó con la presencia de la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco Castilla, y con periodistas especializados en tribunales, entre otros.

Prevención

Según Manrique, las claves en la prevención del blanqueo de capitales pasan por la identificación de los intervinientes reales, la investigación de la realidad de la operación investigada, y la restricción del uso de efectivo, ya que este hecho empuja a las transacciones al sistema financiero más controlado. «Se ha venido desarrollando en los últimos tiempos y a raíz de las nuevas disposiciones europeas un sistema de control de los movimientos de dinero en efectivo», explicó. Existe la obligación de declarar cuando los movimientos de efectivo superan los 10.000 euros fuera del territorio nacional. Dentro de España, son 100.000 euros. Incumplir esta obligación conlleva sanciones que pueden superar el 50% del importe intervenido.

Los letrados intervinientes subrayaron los riesgos que supone el lavado de activos, entre ellos la destrucción del sistema económico legal y el favorecimiento de la corrupción. «Es un depredador de las empresas que trabajan dentro del marco legal y pone en riesgo la propia democracia», apuntaron.