MÁLAGA, FAPE 21.09.2022 | Representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han mantenido un encuentro con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales del Ministerio de la Presidencia, Rafael Simancas, enmarcado en las alegaciones presentadas junto con la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) al Proyecto de Ley de Información Clasificada, según informa el colectivo periodístico en un comunicado.

Simancas, acompañado por la directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica, María del Camino Vidal, ha conocido el planteamiento de las organizaciones profesionales de periodistas que quedó plasmado en el documento de alegaciones presentado durante el procedimiento de información pública.

En representación de la FAPE se encontraba su presidente, Miguel Ángel Noceda; el vicepresidente primero, Aurelio Martín; y el tesorero, Javier Galán, que han expuesto algunos extremos del Proyecto de Ley que pudieran lesionar el derecho a la libertad de información.

Por parte de los representantes de la Secretaría de Estado se han aclarado algunas dudas sobre el documento, que viene a sustituir la Ley 9/1968, de 5 de abril acogiendo también las sugerencias para poder ser incluidas en el texto definitivo que, tras pasar por varios organismos consultivos estatales, se presente para su debate en las Cortes Generales.

La comisión de la FAPE ha considerado positivo el encuentro, que se ha desarrollado en un tono cordial y de trabajo en torno al articulado del texto, por entender que puede redundar en que se incluyan en el documento aquellos aspectos que para el periodismo planteaban dudas y que fueron remitidas en los plazos oficiales.

En el mismo sentido, Miguel Ángel Noceda y Javier Galán han mantenido otro encuentro con el vicesecretario general Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, que igualmente ha recibido la posición de la FAPE para tenerla en cuenta a la hora de la tramitación parlamentaria.

Entiende la FAPE que, habida cuenta de la importancia de esta Ley, ya que afecta a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se debería encontrar el mayor consenso posible entre partidos políticos e instituciones de la sociedad civil.