Artículo 19 informa cómo afrontar la desinformación sobre la pandemia

FESP.- El periodismo profesional, el periodismo ético, los medios independientes, la transparencia de los que están en el poder, la alfabetización mediática y el libre flujo de información son el mejor antídoto contra la desinformación y las teorías de conspiración sobre la difusión de COVID-19 en todo el mundo. En este contexto particular, la Federación Europea de Periodistas (FEP) se ha hecho eco en su página web de un informe en esta dirección publicado recientemente por la ONG británica de Derechos Humanos ‘Artículo 19’

«Más que nunca necesitamos periodistas profesionales en la materia.La ciudadanía cuenta con ellos para informar sobre el impacto real de la pandemia, para difundir medidas de protección y para responsabilizar a quienes deben tomar las decisiones. La FEP pide a los propietarios de los medios de comunicación que se abstengan de cualquier iniciativa para reducir salarios, derechos y protecciones de los trabajadores de los medios de comunicación »“, afirmó el secretario general de la FEP, Ricardo Gutiérrez. La FEP, a la que pertenece la FeSP, apoya plenamente la información de artículo 19 sobre cómo los Estados, los medios de comunicación y las empresas de redes sociales pueden ayudar a combatir el COVID-19 comprometiéndose con la transparencia, abordando la desinformación y promoviendo asesoramientos sanitarios autoritarios.

«Como artículo 19 , creemos que este no es el momento para que los estados adopten un enfoque restrictivo a la libertad de expresión e información. Necesitamos una transparencia plena y un discurso público abierto sobre la propagación del virus y las opciones para combatirlo », añadió Gutiérrez. El documento de Artículo 19 presenta varios retos a la libertad de expresión e información durante la actual crisis COVID-19 y hace recomendaciones clave para los gobiernos, los medios de comunicación y las empresas de medios de comunicación social. Aquí reflejamos algunas de ellas:

A los Estados

• Los gobiernos deben divulgar de manera proactiva información relativa a la difusión de COVID-19, que incluya el número de casos, distribución geográfica, estadísticas sobre mortalidad y recuperación, y políticas gubernamentales y esfuerzos de respuesta. Un primer paso importante son las campañas de educación pública, páginas web dedicadas y mensajería de redes sociales con información actualizada sobre el virus y sobre estrategias de prevención. Los compromisos con la transparencia y la divulgación deberían incluirse en todas las políticas y planes de acción desarrollados como respuesta a la difusión de COVID-19.

• Los gobiernos deberían utilizar la legislación sobre libertad de información para facilitar el acceso a la información pública, incluida de forma obligada, la divulgación de determinados tipos de datos y establecer un sistema para que las personas y grupos puedan solicitarla a los organismos públicos. Los estados que actualmente disfrutan de libertad de información deberían priorizar su aplicación y considerar modificaciones para ajustar estas leyes con las normas y las mejores prácticas internacionales y regionales vigentes. Otros estados deberían considerar la adopción de legislación sobre libertad de información mediante un proceso participativo e inclusivo.

• Los gobiernos deben velar por la protección decidida de los denunciantes. Muchos estados ya disponen de protecciones de denuncia en libertad de información. Estos países deberían centrarse en una implementación coherente para proteger aquellas inquietudes por los conductos gubernamentales o políticos relacionados con COVID-19. Aquellos que no tengan una legislación dedicada sobre los denunciantes deberían abstenerse de promover procesos o restricciones a quienes publiquen información relacionada con COVID-19 de interés público.

• Los gobiernos deben adoptar medidas políticas positivas para combatir el “discurso de odio” y la intolerancia que sean coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos y las buenas prácticas. La Resolución 16/18 del Consejo de Derechos Humanos y el Plan de acción de Rabat ofrecen orientaciones importantes en este sentido.
Las autoridades estatales deberían acabar con el acoso de los periodistas que denunciaban el COVID-19 y las respuestas oficiales excesivas a la propagación del virus.

• Los gobiernos deberían adoptar medidas para promover la alfabetización digital y mediática, tanto de manera general como en relación con el brote COVID-19. Esto podría incluir la incorporación de asignaturas de alfabetización digital y mediática al currículo escolar y colaborar con la sociedad civil y las plataformas de medios sociales en esfuerzos similares.

A los medios de comunicación

• Los medios de comunicación y los y las periodistas deberían informar de manera proactiva sobre la desinformación, la propaganda y la discriminación por parte de actores estatales o no estatales en el contexto del COVID-19. La información detallada de fuentes periodísticas de buena reputación es una de las herramientas más potentes para contrarrestar la desinformación y el discurso de odio.

• Los medios de comunicación y los periodistas deberían apoyar sistemas efectivos de regulación, incluidos tanto los organismos nacionales de quejas de prensa como los Ombudsmen o los editores públicos en diferentes medios de comunicación. Estos órganos o funcionarios deberían ayudar a asegurar el derecho de corrección o de rectificación a un informe inexacto o discriminatorio en el contexto del COVID-19.

• Los medios de comunicación y los periodistas deben cumplir los máximos estándares éticos, incluidos los principios de igualdad, cuando informen sobre COVID-19. Deberían informar de manera precisa y sin prejuicios, evitando los estereotipos y sin hacer referencia a la raza o la nacionalidad o el origen étnico.

En las plataformas de redes sociales

• Las empresas de medios de comunicación social deben articular en sus plataformas políticas claras y fácilmente entendibles que regulen la desinformación y el discurso de odio, en línea con el sistema de “derechos humanos por defecto” que propone el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre libertad de expresión. Muchas empresas han mejorado sus políticas de moderación de contenido durante los últimos años proporcionando definiciones y ejemplos más precisos de violación de contenido. Deberían continuar este proceso.

• Las plataformas de redes sociales deben garantizar los controles mínimos del proceso cuando se tomen acciones adversas contra el discurso de odio y la desinformación sobre COVID-19. Deberían notificar a los usuarios cuando hagan esta acción, ya sea eliminando contenido, restringiendo su alcance o bloqueando cuentas. La desmonetización del contenido se hará siguiendo procedimientos claros y transparentes, ya que constituye una forma de moderación del contenido. En todos los casos, se les debería proporcionar oportunidades importantes de recurso a los usuarios.

• Las empresas de redes sociales deben garantizar una transparencia total en sus compromisos con los gobiernos sobre desinformación y COVID-19.