Más de 160 periodistas expresan su “preocupación” al CGPJ y a la Fiscalía tras una condena por revelación de secretos
Se suman así al comunicado conjunto emitido por las asociaciones de la prensa andaluzas el pasado 3 de julio contra la sentencia de la Audiencia de Huelva que condena a una periodista a dos años de prisión, multa e inhabilitación por publicar información del sumario del crimen de Laura Luelmo
26 julio, 2023
MÁLAGA 26.07.2023 | La condena a una periodista onubense a dos años de prisión, multa e inhabilitación por un delito de revelación de secretos ha provocado una contundente reacción desde el sector periodístico. Primero fueron la asociaciones de la prensa andaluzas, entre ellas la Asociación de la Prensa de Málaga, que emitieron un comunicado el pasado 3 de julio calificando la decisión judicial de la Audiencia de Huelva de «mordaza» a la libertad de Prensa. Al comunicado, al que se adhirieron numerosos colectivos periodísticos, entre ellos el Colegio de Periodistas de Andalucía y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se suman ahora 163 periodistas, de más de 50 medios de comunicación, que han firmado dos escritos enviados tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para expresar su “preocupación” por este fallo judicial, que afecta a una profesional del Huelva Información por informar sobre el crimen de Laura Luelmo. Se trata de la primera condena de prisión en vía penal para un periodista por contar un sumario en instrucción judicial, algo habitual en la prensa de tribunales.
Según recoge eldiario.es a través de Europa Press, los firmantes, al igual que los colectivos periodísticos, rechazan la condena de la Audiencia de Huelva que consideran “desproporcionada” y expresan su “intensa preocupación” por el criterio del representante del Ministerio Fiscal en esta causa, ya que el fallo se ajustó a su petición de pena. “Pedimos al fiscal general del Estado que sea consciente de que ese tipo de actuación de sus subordinados puede causar en los periodistas un ‘efecto desaliento’ enormemente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos”, advierten.
Creen que “mal puede basarse la condena en un delito de revelación de secretos sumariales por parte de los periodistas, amparados por el deber y el derecho a ejercer las libertades que protege el artículo 20.1d) de la Constitución”. En este sentido, reivindican que, “al relatar lo ocurrido en crímenes de enorme gravedad, los medios de comunicación informan a la opinión pública de algo que tiene derecho a conocer: cómo se investigan y persiguen los delitos”.
“Para ello se sirven habitualmente de datos contrastados que forman parte de la instrucción”, explican, subrayando que “no existe un tipo penal que castigue el acceso de los periodistas a ese material”, porque el secreto de la investigación solo es exigible “a aquellos obligados a guardarlo”. Así, avisan de que la represión penal de los posibles excesos cometidos, en lugar de ser sancionados por la jurisdicción civil, puede causar en los periodistas un ‘efecto desaliento’ enormemente perjudicial para el derecho a la información de los ciudadanos“.
Para los firmantes, el hecho de “que los jueces decidan qué es o no noticiable, o qué partes de la realidad deben ser publicadas u ocultadas a los ciudadanos es motivo de inquietud”. “No porque cuestionemos la autoridad de los jueces, sino porque deben explicar los criterios en los que basan sus decisiones para que éstas no sean arbitrarias o generen inseguridad jurídica”, exponen, apostillando que, a su juicio, esta sentencia incurre en ambas cosas.
Los periodistas ponen de relieve que asumir “que la aplicación del Código Penal dependa de lo que cada juez entienda por ‘excesivo’, ‘innecesario’ o ‘irrelevante’ en términos informativos, sin justificar por qué, sume el ejercicio del derecho fundamental a la información en la mayor incertidumbre”.
A este respecto, aclaran que los periodistas de tribunales, de quienes ha partido la iniciativa, deciden lo que publican “conforme al derecho de los ciudadanos a la información, el interés periodístico, la autonomía editorial y el compromiso con la audiencia de cada medio”.
“Sustituir esos criterios, de profunda raigambre en el oficio, por la particular percepción de cada juez sobre lo que es o no ‘necesario’ o ‘excesivo’ en una noticia, sin evaluar en ningún momento las reglas del periodismo y, sobre todo, recurriendo como desproporcionado castigo al máximo poder penal del Estado –la cárcel– nos parece muy grave a estas alturas de desarrollo de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución”, denuncian.
En este contexto, los firmantes quieren dejar claro que son conscientes de que “la intimidad es uno de los límites a la libertad de información”. “No justificamos el amarillismo ni las invasiones de la intimidad que no tengan una estricta motivación periodística. No todo vale en nuestro oficio”, aseveran.
