Los Estados de la UE podrán espiar a los periodistas en caso de «razón imperiosa por interés general»
14 septiembre, 2023
MÁLAGA 14.09.2023 | El Parlamento Europeo ha presentado una propuesta de reglamento para elaborar la futura Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación que permitirá a los Estados de la UE vigilar a los periodistas, miembros de sus familias, así como las redacciones, en caso de que se nieguen a revelar sus fuentes siempre que esté justificado por «una razón imperiosa de interés general«, de lo contrario, se prohibirán estas injerencias. Además, solo «por razones de seguridad nacional» podrán instalar programas espías en sus dispositivos o en las redacciones, según informan varios diarios internacionales.
La futura ley hace hincapié en los medios de comunicación públicos para salvaguardar su independencia. La norma exigirá que ofrezcan de modo imparcial una pluralidad de información y opiniones. Además, fijará que los responsables de la gestión y los miembros del consejo de administración sean elegidos a través de un procedimiento «transparente» y «abierto» y que se regule la duración de sus mandatos para garantizar su independencia. Del mismo modo, las destituciones de estos cargos deberán estar «motivadas» y hacerse públicas.
El Parlamento Europeo ha consensuado hace unos días defender que la futura ley de Libertad de los Medios de Comunicación haga obligatorio que todas las empresas mediáticas publiquen quiénes son sus propietarios, así como de quién reciben publicidad institucional o apoyo público, incluyendo a países de fuera de la Unión Europea.
La comisión de Cultura del Parlamento Europeo selló el 4 de septiembre su posición negociadora para el futuro Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación y, a falta de que el pleno le dé luz verde en un voto en octubre, está preparada para negociar esta legislación con los Estados miembros, que ya llegaron a una base para negociar antes de la pausa estival.
En el área de la publicidad institucional, los diputados quieren que todas las autoridades públicas (cualquier gobierno, entidad reguladora, entidades estatales…) deban revelar anualmente información detallada sobre el dinero que invierten en publicidad institucional en medios y plataformas en línea.
Además, la publicidad institucional destinada a un medio o plataforma individual no podrá superar el 15% del total del presupuesto destinado a este fin por la autoridad o entidad que lo desembolse.