La Agrupación de Periodistas de UGT defiende la reducción de la jornada laboral

Con motivo del 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) reclama rebajar la jornada laboral a las 35 horas en los medios de comunicación. En los últimos 10 años la jornada laboral pactada en el sector solo se ha reducido en 0,2 horas a la semana, desde las 39 horas en el 2013 hasta la 38,8 horas del 2023. Además, la reducción de jornada a las 35 horas supondría la creación de 7.000 nuevos puestos de trabajo en los medios de comunicación, según apunta el sindicato en su página web.

UGT indica que un sector como el periodístico, donde predomina la desigualdad, las jornadas maratonianas y los bajos salarios, la reducción de jornada supone menos estrés y agotamiento, una disminución de la siniestralidad laboral y la posibilidad de una mejor conciliación entre la vida personal y profesional. Además, contribuye al crecimiento del empleo asalariado, se reducen las diferencias con el trabajo a tiempo parcial y esto genera un efecto positivo en las personas trabajadoras más afectadas por la desigualdad, mujeres y jóvenes principalmente.

UGT insiste en la negociación colectiva, como instrumento para la reducción de la  jornada laboral a  35 horas semanales y, allí donde se pueda, a 32 horas. VER INFORME COMPLETO. 

INFORME MEDIA PLURALIMS MONITOR

El informe Media Pluralism Monitor se pronuncia en el mismo sentido y advierte que las amenazas al pluralismo mediático son sistémicas entre ellas, las condiciones laborales. Apunta que los periodistas necesitan mayor protección, tanto a nivel económico como personal, para evitar presiones e influencias, así como ataques físicos y acoso. «Tanto el gobierno como las asociaciones de periodistas deben abordar estos problemas a través de la regulación y la facilitación de mecanismos y procedimientos de recurso», señala.

El proyecto de investigación evalúa la salud de los ecosistemas mediáticos en Europa y destaca las amenazas al pluralismo y la libertad de prensa en los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos. Su nuevo estudio Media Pluralism Monitor 2024 es la séptima implementación del estudio en el ámbito de la UE.  Según este informe, en España existe una necesidad general de mejorar los salarios y las condiciones económicas, así como de fortalecer los sindicatos y organismos de autorregulación existentes: «En este sentido, diferentes actores (gobiernos nacionales y regionales, instituciones mediáticas y organizaciones periodísticas) deben trabajar juntos para implementar cambios en las condiciones laborales de los periodistas».

En la parte del estudio respecto al estado de la derecho a la información de la ciudadanía en España, señala en su resumen: “El pluralismo mediático en España se categoriza actualmente como de riesgo medio en general, con la excepción del área de Pluralidad del Mercado, que se clasifica como de alto riesgo. Otras dimensiones mantienen niveles de riesgo estables, aunque la Inclusión Social crece al 61% (7 puntos en comparación con el año pasado). Las libertades y el pluralismo mediático en España han sido relativamente estables en los últimos años, aunque ha habido un ligero aumento en los riesgos para la diversidad mediática debido al impacto de la Covid-19 y a ciertas leyes y regulaciones promulgadas en años anteriores que han supuesto amenazas para la libertad de expresión y las condiciones laborales de los profesionales de los medios. Aunque los efectos inmediatos de la Covid-19 se han abordado en gran medida, el marco legal y profesional no ha visto progresos o retrocesos significativos, dejando a España en un estado de equilibrio de riesgo medio.

La situación respecto a la libertad de expresión y la profesión periodística muestra poca o ninguna mejora, manteniéndose en un nivel de riesgo medio, con casos notables de arrestos de periodistas y la prevalencia de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs), destacando los desafíos continuos para la libertad de los medios. Como en años anteriores, la legislación como la Ley 4/2015 de 30 de marzo, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (comúnmente conocida como Ley Mordaza), no ha sido enmendada ni derogada, por lo que las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa permanecen, a pesar de las supuestas intenciones gubernamentales de reforma.

VER ESTUDIO COMPLETO DE ESPAÑA AQUÍ.