Colectivos profesionales, periodistas y medios han abierto nuevamente un debate público sobre quién puede ostentar la condición de periodista. Cincuenta universidades agrupadas en la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC), entre ellas la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, han remitido al Gobierno una petición formal para que la futura normativa del secreto profesional exija una titulación universitaria oficial en Periodismo o Comunicación como requisito para ser considerado periodista y así evitar el intrusismo y la falta de formación de los profesionales, una solicitud que está en la línea con las alegaciones presentadas por las asociaciones de la prensa de Andalucía y los colegios profesionales a este anteproyecto de ley. Algunos periodistas y directores de medios han reaccionado a esta petición de las universidades y los colectivos profesionales, que consideran una restricción excluyente.

ALEGACIONES ATIC
Alegaciones asociaciones de la prensa andaluzas

El Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información y de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio, y que ahora se somete a audiencia pública asegura que un periodista es “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”. En sus alegaciones al anteproyecto, las facultades de comunicación proponen que el derecho al secreto profesional —y por extensión la categoría de periodista— quede reservado solo a quienes posean una formación acreditada en Periodismo o Comunicación. Las universidades sostienen que esa exigencia legitima un “trato profesional diferenciado”, combate el intrusismo y asegura estándares de contraste, veracidad y responsabilidad pública.

Reconocen, sin embargo, que hay profesionales en activo sin título específico. Para ellos plantean una vía transitoria basada en una trayectoria acreditada —proponiendo un mínimo de diez años de ejercicio profesional— para que también puedan quedar amparados como periodistas. Además, instan al Ejecutivo a que en un plazo máximo de doce meses presente un Estatuto profesional del periodismo que articule categorías, funciones y estándares de cualificación, así como mecanismos de autorregulación colegial.

En su propuesta, también redefinen el concepto de “medio de comunicación social” para que el reconocimiento legal y la protección del secreto profesional queden circunscritos solo a los soportes con responsabilidad editorial identificable, excluyendo agregadores o cuentas personales que difundan contenidos sin remitir a canales profesionales.

Reacciones

La iniciativa universitaria, sin embargo, ha sido recibida con críticas por parte de algunos profesionales. En una información publicada por El Español, directores como Joaquín Manso (El Mundo), Jordi Juan (La Vanguardia), Julián Quirós (ABC) o María Rey (presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid) han advertido de los peligros de circunscribir la práctica periodística exclusivamente a graduados.

Para ellos, imponer esa exigencia podría dejar fuera voces con experiencia, diversidad de formación y capacidad comprobada. Estos responsables de medios alertan de que el criterio académico podría homogeneizar las redacciones y reducir la pluralidad. Aunque rechazan la imposición literal de un título como única puerta de entrada, algunos directores reconocen que una titulación puede ser una herramienta útil de legitimación para ejercer frente a instituciones o autoridades, pero afirman que no debe ser condición excluyente.