En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Consejo de Europa alerta sobre el elevado número de agresiones sin castigo y reivindica la necesidad de reforzar los mecanismos que garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo. Según datos recabados por la Plataforma para la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa, las amenazas, detenciones arbitrarias e incluso agresiones (físicas y digitales) siguen siendo frecuentes en países integrantes, a menudo sin respuesta efectiva por parte de las autoridades.  Para el Consejo de Europa, terminar con la impunidad no es un gesto simbólico: es un pilar esencial para sostener sociedades democráticas en las que la prensa ejerza sin temor ni censura.

La iniciativa Journalists Matter, lanzada por el Consejo en octubre de 2023 con horizonte a 2027, impulsa redes nacionales que reúnen a periodistas, fiscales, jueces, fuerzas del orden y autoridades para construir protocolos de actuación conjuntos. En muchos estados europeos, estas mesas de trabajo representan una novedad institucional.

“Cada ataque a un periodista es un ataque a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a recibir información”.

En su declaración conjunta, los puntos focales nacionales del programa instan a los estados miembros a fortalecer la estructura de prevención frente a agresiones, a asegurar que los casos sean investigados de forma independiente y urgente, y a dotar de recursos y apoyo político a las entidades que monitorean estos delitos.

Asimismo, el Consejo de Europa condena especialmente los ataques en contextos de conflicto, las detenciones ilegítimas de periodistas y las campañas de desinformación o difamación contra medios y reporteros en escenarios digitales. Estas acciones, subraya, constituyen violaciones del derecho humanitario y derechos humanos.

Para ilustrar el compromiso regional, el Consejo recuerda que la campaña Journalists Matter ha logrado facilitar, en algunos países, mejoras en los protocolos policiales durante protestas, la creación de planes nacionales de seguridad para prensa, y el diálogo supervisado entre fuerzas del orden y medios que antes no existía.

No obstante, advierte que la mera creación de estructuras no garantiza su eficacia: muchas carecen de personal, recursos o respaldo político. En varios estados, los casos de violencia, intimidación o amenazas —especialmente en línea— siguen sin resolverse.

Esta conmemoración coincide con la exigencia de una mayor implicación de los gobiernos europeos: investigar con diligencia los ataques a periodistas, someter a juicio a los responsables y favorecer la participación directa de los profesionales de medios en el diseño de mecanismos de protección.