La entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales Digitales (DPDP) en India ha provocado una oleada de protestas de las organizaciones de prensa. La Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Unión de Periodistas de la India (IJU) advierten que el nuevo marco amplía el margen de actuación del Estado sobre la información y puede dificultar el trabajo de los medios en un contexto ya marcado por crecientes presiones sobre la libertad de expresión. Uno de los cambios más delicados afecta al Derecho a la Información (RTI), una herramienta central para investigaciones periodísticas.

La ampliación del concepto de “información personal” permite ahora a las instituciones negar el acceso a documentos que antes debían facilitarse por su relevancia pública. Según expertos consultados por la IFJ, esta modificación puede limitar de forma significativa la capacidad de los reporteros para fiscalizar a las autoridades y acceder a datos esenciales sobre decisiones gubernamentales.

Otro punto que genera preocupación es la creación del Consejo de Protección de Datos, un organismo que dependerá directamente del Ejecutivo. La falta de independencia, señalan ambas organizaciones, abre la posibilidad de que actúe con criterios políticos, aplicando sanciones de manera selectiva o ejerciendo presión sobre medios críticos. La IFJ reclama revisar los aspectos más problemáticos de la norma y garantizar que la defensa de la privacidad no se convierta en un instrumento para restringir el periodismo independiente y el acceso a información de interés público.