El Tribunal Constitucional de Bélgica anula la ley que castigaba con cárcel la filtración de secretos de Estado a periodistas
La decisión llega tras el recurso presentado por sindicatos y organizaciones de periodistas, que alertaban de que la norma amenazaba la libertad de prensa y el acceso a información de interés público
24 febrero, 2026
El Tribunal Constitucional de Bélgica ha anulado una disposición del nuevo Código Penal que contemplaba penas de prisión para quienes transmitieran o recibieran información considerada secreta por el Estado, una medida que podía afectar directamente al trabajo de los periodistas. La decisión responde al recurso presentado por organizaciones profesionales del sector, que consideraban que la normativa suponía una amenaza para la libertad de prensa y el derecho a informar.
La disposición formaba parte de una reforma del Código Penal belga aprobada en febrero de 2023, que ampliaba la definición de “secreto de Estado”. Bajo esa redacción, los periodistas que recibieran o difundieran información confidencial podían enfrentarse a penas de entre tres y cinco años de prisión, lo que generó una fuerte reacción en el sector periodístico y en organizaciones defensoras de los derechos civiles.
Ante esta situación, la Federación Europea de Periodistas (FEP), junto con las asociaciones belgas Association des Journalistes Professionnels (AJP) y Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), impulsó acciones legales para frenar la aplicación de la norma. Las organizaciones argumentaron que la redacción de la ley podía provocar castigos desproporcionados contra periodistas y limitar la publicación de informaciones de interés público.
El tribunal reconoció que la legislación presentaba riesgos para el ejercicio del periodismo y decidió anular la disposición que penalizaba la recepción de información secreta. No obstante, mantuvo vigentes otros artículos del Código Penal que definen qué se considera secreto de Estado y regulan las condiciones para su transmisión o divulgación.
Las organizaciones de periodistas han celebrado el fallo como una victoria para la libertad de prensa en Bélgica, al considerar que protege el trabajo informativo y evita que los profesionales de los medios sean criminalizados por publicar filtraciones relevantes para la sociedad.