Los países de la Unión Europea (UE) acordaron el 21 de junio, su postura para negociar la futura Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, una legislación propuesta por la Comisión Europea el 16 de septiembre de 2022 con la intención de introducir salvaguardias contra la interferencia política, la concentración de los medios y proteger a los periodistas y sus fuentes contra la vigilancia. Desde entonces, la Federación Europea de Periodistas (EFJ por sus siglas en inglés), a la que pertenece la FAPE, ha estado abogando por una regulación fuerte y efectiva para responder a las numerosas amenazas que se plantean a la libertad de prensa en la Unión.

Sin embargo, tras el acuerdo adoptado, la EFJ advierte de que los gobiernos de la UE quieren autorizar el espionaje de periodistas y sus fuentes por motivos vagos de “seguridad nacional”,  rechaza enérgicamente la posición del Consejo de la UE sobre la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA) y denuncia un golpe a la libertad de prensa, argumentando que dicha legislación pondría a los periodistas y sus fuentes en un riesgo aún mayor.

A principios de este mes, Francia introdujo una nueva excepción a la prohibición general de desplegar spyware contra periodistas en la que se dice que las disposiciones sobre la protección efectiva de las fuentes periodísticas “se entienden sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados miembros de salvaguardar la seguridad nacional”.

Respecto a esta excepción, la EFJ había argumentado que dejaría sin efecto las protecciones otorgadas originalmente y que pasa por alto la importante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deja claro que el mero propósito de salvaguardar la seguridad nacional no puede hacer inaplicable el derecho de la UE y no exime a los Estados miembros de sus obligaciones de cumplir con la ley.

La EFJ se opone enérgicamente a esta excepción, que va en contra del objeto mismo de la legislación y abriría la puerta a todo tipo de abusos, y confía en que el Parlamento Europeo esté en condiciones de opinar durante las negociaciones del diálogo tripartito y salvar lo que está en juego: la confianza de los periodistas en las instituciones de la UE y en una Ley europea de libertad de prensa digna de ese nombre.