FAPE, MÁLAGA 20.07.2023 | En virtud de un proyecto de ley aprobado este martes, 12 de julio, en el pleno del Parlamento Europeo, periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, activistas, investigadores y artistas estarán protegidos en la UE frente a las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP), con casos en constante aumento, cuyo objetivo es intimidarlos y penalizarlos. Con 498 votos a favor, 33 en contra y 105 abstenciones, la Eurocámara adoptó su posición negociadora sobre unas nuevas normas para proteger a quienes trabajan en asuntos de interés público, como los derechos fundamentales, las actividades de los funcionarios públicos o las acusaciones de corrupción. El número de DECPP es cada vez mayor. Según la Coalición Contra las DECPP en Europa (CASE), el pico de casos se alcanzó en 2020 con 114.

APLICACIÓN TRANSFRONTERIZA

Las nuevas normas deberán aplicarse en casos transfronterizos cuando la persona demandada, la demandante y el tribunal no estén radicados en el mismo país, o cuando el acto de participación pública —ya sea un artículo de prensa, una publicación en redes sociales, un vídeo, un trabajo de investigación o una obra de arte—, tenga relevancia en más de un Estado miembro y sea accesible por vías electrónicas.

El proyecto de directiva prevé garantías para las víctimas de DECPP, incluida la posibilidad de solicitar la desestimación temprana de la demanda, en cuyo caso el demandante tendrá que demostrar que su caso no es infundado. El demandante también tendría que cubrir todos los gastos del proceso, incluida la representación legal de la persona demandada, y podría ser sancionado. Por otro lado, la víctima de la DECPP podría solicitar una indemnización, también por daños psicológicos o a su reputación. Para intentar evitar que se elija al tribunal con mayor probabilidad de favorecer al demandante, los casos de difamación solo serían admisibles en el tribunal nacional del demandado. Los Estados miembros no deberán reconocer las sentencias de terceros países en DECPP contra personas físicas y empresas que residan en su territorio y deberán permitir que los afectados sean indemnizados ante los tribunales nacionales.

ASISTENCIA NACIONAL Y FORMACIÓN

Con este proyecto, el Parlamento Europeo pretende conseguir que los Estados miembros de la UE establezcan ventanillas únicas donde las víctimas de DECPP puedan obtener información y asesoramiento. También instan a las autoridades nacionales a que proporcionen asistencia financiera, jurídica y psicológica a las personas demandadas. Los países de la UE estarán obligados a garantizar que los profesionales de la Justicia reciban una formación adecuada para tratar casos de DECPP y que sus asociaciones profesionales apliquen normas que disuadan a sus miembros de interponer demandas abusivas. La Eurocámara también pide a los Estados miembros que recopilen datos pertinentes, especialmente sobre las decisiones judiciales, y que la Comisión establezca un registro europeo sobre DECPP.