42 países, en la lista negra de la ONU por represaliar a periodistas

MÁLAGA 12.10.2022 | Las Naciones Unidas han señalado a 42 países, de sus 193 Estados miembros, para que sean condenados -prácticamente incluyéndolos en una lista negra- por su represión y represalias contra activistas de derechos humanos y periodistas, informa Thalif Deen (IPS) desde Naciones Unidas.

El informe anual del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, destaca una serie de «tendencias preocupantes» durante los últimos doce meses y detalla cómo las personas -principalmente las víctimas de violaciones de derechos humanos, los defensores de los derechos humanos y los periodistas- sufrieron represalias e intimidación por parte de los Estados y los agentes paraestatales.

Entre otras cosas, se detuvo a personas, se les aplicó una legislación restrictiva y se les vigiló tanto en línea como fuera de ella. Las personas que intentaron cooperar con la ONU, o que fueron percibidas como tales, también se vieron afectadas, se asegura en el documento. En un tercio de los países mencionados en el informe, personas y grupos, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se abstuvieron de cooperar o solo accedieron a denunciar sus casos de forma anónima por miedo a las represalias.

«A pesar de la evolución positiva, incluidas las promesas y los compromisos compartidos por los Estados miembros contra esas represalias, el informe muestra hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU», indica el informe. «Y sabemos que, a pesar de lo impactante de esta cifra, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian», afirmó la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris.

Entre los 42 Estados a los que se refiere el informe (que abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022) se encuentran: Afganistán, Andorra, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Burundi, Camerún, China, Cuba, Chipre, República Democrática del Congo, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Israel, Kazajstán, Irán, Laos, Libia, Maldivas, Malí, México, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Palestina, Rusia, Ruanda, Saudí Arabia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Turkmenistán, Venezuela, Vietnam, Yemen y Yibuti.

El informe de la ONU señala que en todas las regiones se sigue denunciando la vigilancia de personas y grupos que cooperan con la ONU, y que cada vez hay más pruebas de vigilancia en línea y ciberataques. El cambio digital masivo acelerado por la pandemia de covid-19 también aumentó los desafíos relacionados con la ciberseguridad, la privacidad y el acceso a los espacios en línea.

Otra tendencia mundial preocupante es el uso y el impacto de la legislación restrictiva que impide y castiga la cooperación con la ONU, lo que ha dado lugar a algunos casos de personas condenadas a largas penas de prisión o a arresto domiciliario. En varios países se denunciaron casos recurrentes y similares de intimidación, lo que podría indicar un patrón.

A ella se suma otra más: la autocensura, al optar por no cooperar con la ONU o hacerlo de forma anónima ante la preocupación por su seguridad.

El aumento de la vigilancia y el control, así como el miedo a la responsabilidad penal, han creado lo que el informe denomina un «efecto escalofriante» de silencio, impidiendo que la gente siga cooperando con la ONU y disuadiendo a otros de hacerlo, según el informe.

Como en años anteriores, el informe muestra que la intimidación y las represalias afectan de forma desproporcionada a determinadas poblaciones y grupos, como los representantes de los pueblos indígenas, las minorías o los que trabajan en cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático, así como las personas que pueden sufrir discriminación por motivos de edad, orientación sexual y género.

«Los riesgos que afectan a las mujeres víctimas, así como a las defensoras de los derechos humanos y a las constructoras de la paz, que comparten su testimonio y cooperan con la ONU siguen siendo desalentadores.  Seguiremos trabajando para garantizar que todas puedan colaborar con la ONU de forma segura», subrayó la subsecretaria Brands Kehris al presentar el informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.