La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha repudiado la sistemática agresividad policial hacia los/as trabajadores/as de prensa en Argentina, y reclama a las autoridades el fin de estas acciones tras las agresiones sufridas por los periodistas Pablo Corso, Diego Pérez Mendoza y Lula González, que fueron gaseados con gas pimienta y golpeados directamente por las fuerzas de seguridad mientras cubrían una protesta de personas jubiladas el pasado miércoles 21 de mayo frente al Congreso Nacional. Además, los fotorreporteros Javier Iglesias y Tomás Cuesta fueron arrestados. Cuesta fue liberado posteriormente durante la noche, mientras que Iglesias recuperó su libertad durante el jueves 22.

Esto ocurrió horas después de que el gobierno de Javier Milei emitiera un decreto intentando limitar el derecho de huelga consagrado en la Constitución argentina hasta su virtual eliminación, rechazado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) detalló que los compañeros afectados fueron al menos una decena, y expresó su repudio a un nuevo episodio de violencia policial que incluye a la prensa como objetivo: «Después del decreto antihuelga, en la marcha de jubilados y jubiladas, la fuerzas represivas atacaron de nuevo directo a la prensa. La represión sobre la prensa es deliberada y dirigida: no quieren que estemos», según recoge la FIP.

El colectivo periodístico denuncia que Argentina vive un marcado retroceso en la libertad de expresión y las condiciones laborales de los trabajadores de prensa, según detalló el Informe sobre Libertad de Expresión 2024, elaborado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires junto a sindicatos miembros de FIP, donde destaca un aumento notorio en los ataques a periodistas, alimentados por discursos oficiales.