Bélgica aprueba la Ley anti-SLAPP para reforzar la protección de periodistas y activistas frente a procedimientos legales abusivos
La exclusión de los procedimientos penales deja abierta una de las principales reivindicaciones del sector periodístico
11 junio, 2026
El Parlamento Federal de Bélgica aprobó el pasado 21 de mayo una nueva ley anti-SLAPP destinada a proteger a periodistas, activistas y otras personas que participan en el debate público frente a procedimientos judiciales abusivos o manifiestamente infundados. La norma, impulsada por la ministra de Justicia, Annelies Verlinden, transpone al ordenamiento jurídico belga la Directiva europea 2024/1069 sobre la protección frente a las denominadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
La ley ha sido recibida de forma muy positiva por las organizaciones profesionales del sector. Según informó la Federación Europea de Periodistas (FEP), el sindicato belga de periodistas considera que la transposición realizada por Bélgica es “ambiciosa” y ofrece una protección sólida a los profesionales de la información.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva legislación es la amplia participación de la sociedad civil durante su elaboración. De acuerdo con la FEP, numerosas organizaciones y actores implicados, entre ellos el grupo de trabajo anti-SLAPP, la Asociación de Periodistas Profesionales (AJP), la Asociación Flamenca de Periodistas (VVJ) y el Instituto Federal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, participaron en consultas y presentaron propuestas para mejorar el texto.
La Federación Europea de Periodistas destaca que este proceso ha dado lugar a una de las transposiciones más avanzadas de Europa, especialmente si se compara con otros países donde los procesos legislativos se desarrollaron con menor transparencia y sin una consulta significativa a las partes interesadas.
Una protección más amplia que la prevista por la directiva europea
La directiva comunitaria establecía un marco mínimo de protección centrado en procedimientos civiles con dimensión transfronteriza, dejando fuera tanto los litigios puramente nacionales como los procesos penales. Sin embargo, las recomendaciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa animaban a los Estados miembros a ampliar estas garantías.
Según recuerda la FEP, apenas el 8,5 % de las demandas SLAPP registradas cuentan con un componente transfronterizo, mientras que la mayoría de las acciones judiciales abusivas contra periodistas se producen en el ámbito nacional o local.
En respuesta a esta realidad, la legislación belga amplía las medidas de protección a los procedimientos civiles nacionales, una reivindicación que había sido defendida por la AJP durante el proceso de consulta.
Los procedimientos penales, pendiente de futuras reformas
Pese a este avance, la nueva normativa no extiende las garantías a los procedimientos penales, una exclusión que había sido cuestionada por diversas organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
No obstante, la FEP señala que la mayoría de las acciones emprendidas contra periodistas en Bélgica son de naturaleza civil. La federación recuerda también casos recientes de amenazas de acciones penales contra profesionales de la información, como las dirigidas por el político Jean-Michel Eerdekens contra la periodista Mélanie De Groote.
Según las organizaciones del sector, la inclusión de los procedimientos penales constituye el siguiente paso necesario para reforzar la protección frente a las demandas abusivas. En este sentido, la ministra de Justicia no ha descartado una futura ampliación de la ley para abordar esta cuestión.
Con esta reforma, Bélgica se sitúa entre los países europeos con una legislación más avanzada para combatir las demandas estratégicas contra la participación pública, una herramienta considerada fundamental para salvaguardar la libertad de prensa y la participación democrática.