El Tribunal Supremo de Brasil ha reconocido el acoso judicial (SLAPP) a periodistas y ha introducido procedimientos para ayudar a evitar que los tribunales sean utilizados indebidamente para intimidar y silenciar a los medios, una medida que ha sido bienvenida por el Comité para la Protección (CPJ).

Según recoge la Federación de Sindicatos de Periodistas (FSP) en su página web, el 22 de mayo, la Corte Suprema reconoció por unanimidad el acoso judicial a periodistas y medios de comunicación, que definió como lo que ocurre cuando se interponen numerosas demandas sobre el mismo tema en diferentes partes del país, con la intención de acosar al imputado o dificultar su defensa.

Una vez que una acción legal es reconocida como un caso de acoso judicial que compromete la libertad de expresión, el acusado puede solicitar que todas las demandas se agreguen en una sola y se juzguen dentro de la ciudad de residencia del acusado, aseguró el tribunal. También dictaminó que los periodistas y medios de comunicación sólo pueden ser declarados responsables en casos civiles donde existan pruebas “inequívocas” de dolo o negligencia profesional grave en la investigación de los hechos.

Al reconocer el acoso judicial a periodistas y establecer procedimientos para obstaculizar múltiples demandas encaminadas a censurar a los medios, la Corte Suprema de Brasil está dando un paso importante para garantizar la libertad de prensa en el país”, afirmó Cristina Zahar, coordinadora del programa de América Latina del CPJ. “El CPJ espera que esta reforma garantice que los periodistas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias legales”.

El fallo judicial se tomó en respuesta a dos denuncias distintas de grupos locales de libertad de prensa, la Asociación Brasileña de Prensa (ABI) y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), que fueron presentadas en 2021.

Taís Gasparian, uno de los principales expertos legales de Brasil en libertad de prensa, quien presentó la demanda de Abraji que fue revisada por el CPJ, dijo que algunos periodistas y medios de comunicación enfrentaban cientos de demandas separadas. “Esta avalancha de litigios puede volverse rápidamente onerosa desde el punto de vista financiero y consumir mucho tiempo para los periodistas, ya que deben viajar a múltiples ciudades, a menudo remotas, para defenderse”, declaró al CPJ. «El tribunal ha reconocido la primacía de la libertad de expresión sobre otros derechos civiles», dijo, comparando el fallo con la decisión de la Corte Suprema de 2009 de derogar la represiva Ley de Prensa de 1967, que imponía duras sanciones a los liberales y las calumnias.