Bruselas abre expediente a España por incumplir la norma europea sobre libertad de medios mientras crecen las alertas por la nueva ley de secretos oficiales

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber implementado a tiempo el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), una norma clave aprobada en abril de 2024 que busca reforzar la independencia de los medios, proteger a los periodistas frente a injerencias estatales y limitar el uso de software espía contra profesionales de la información.

Según Bruselas, el Gobierno español ha incumplido los plazos de adaptación del reglamento, lo que ha llevado al inicio del expediente formal. La medida se enmarca dentro de un paquete de actuaciones contra varios Estados miembros, pero tiene una especial relevancia en el caso español, donde la falta de transposición coincide con la tramitación del nuevo proyecto de ley de información clasificada, que ha encendido todas las alarmas en el sector.

El reglamento europeo establece principios fundamentales como la transparencia en la propiedad de los medios, la protección de fuentes y la prohibición de interferencias arbitrarias en la línea editorial. “Es inaceptable que España no haya avanzado en su implementación”, denunció la Federación Europea de Periodistas (EFJ), que considera que “el retraso evidencia una falta de voluntad política para asumir compromisos reales con la libertad de prensa”.

La Asociación de Periodistas Europeos (APE) ha calificado de “contradictorio” que el Ejecutivo español «presuma de alinearse con los valores comunitarios mientras impulsa medidas legislativas que apuntan en la dirección contraria».

El anteproyecto de ley de información clasificada, aprobado en Consejo de Ministros en su segunda vuelta y aún pendiente de tramitación parlamentaria, contempla categorías de clasificación (de alto secreto a restringido) con plazos que alcanzan los 50 años prorrogables. Además, establece sanciones de hasta medio millón de euros por difundir información clasificada, sin contemplar excepciones explícitas por interés público ni garantías para el trabajo periodístico.

Proyecto de Ley de Información Clasificada

La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) ha mostrado su preocupación ante el Proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Si bien valoran que esta nueva norma suponga una actualización de la obsoleta Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una legislación heredada del franquismo—, consideran que algunos de sus planteamientos pueden suponer un riesgo para el ejercicio del periodismo y, en consecuencia, para el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma, según su comunicado, es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves: «Aunque esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de materia clasificada».

Recuerdan que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como «secreta». Aunque claramente desfasada y contraria a los estándares democráticos actuales, dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal. El nuevo enfoque administrativo, con sanciones económicas de gran envergadura, podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica, según apunta API, que han mostrado su preocupación por la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones: «Este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público frente a la protección de información clasificada. La libertad de información, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, no puede quedar supeditada a criterios discrecionales ni a una interpretación ambigua del interés nacional», apuntan.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y el Col·legi de Periodistes de Catalunya han advertido que el texto, tal como está redactado, representa “una amenaza estructural al derecho a la información” y puede fomentar la autocensura y la opacidad institucional. Desde ARTICLE 19, ONG con estatus consultivo ante la ONU, se ha subrayado que “la ley española contradice el espíritu del reglamento europeo que ahora el país ni siquiera ha incorporado”.

La preocupación no es solo normativa, sino también estructural. “España corre el riesgo de consolidar un doble estándar: por un lado, se compromete con la UE a proteger la libertad de medios; por otro, refuerza el blindaje de la información pública con mecanismos propios de democracias opacas”, sostuvo en un comunicado el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), que agrupa a diversos sindicatos y asociaciones profesionales del país.

Bruselas ha dado a España un plazo de dos meses para responder al requerimiento. Mientras tanto, voces del ámbito periodístico y académico reclaman una revisión profunda del proyecto de ley estatal y una aplicación real del reglamento comunitario, que no puede quedarse —afirman— en un gesto simbólico. En juego, insisten, está la calidad de la democracia y el papel del periodismo como contrapoder.

Reforma del Reglamento que define el comportamiento del trabajo periodístico

Por otra parte, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó en julio de 2025 con mayoría votar en contra la proposición para reformar el Reglamento que regula el artículo 98, que define normas de comportamiento hacia el trabajo periodístico. RSF España se unió al comunicado de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), ratificado asimismo por FAPE, para subrayar la necesidad de garantizar que los periodistas puedan ejercer con normalidad, sin limitaciones indebidas ni agresiones a su derecho de informar.