El Gobierno propone establecer un límite del 35% a la publicidad institucional en medios

El Gobierno español ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de la nueva Ley de Publicidad del Sector Público, que establece un límite del 35% a los ingresos que los medios de comunicación pueden recibir de las administraciones públicas en concepto de publicidad institucional. La medida, incluida dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Ejecutivo en 2024, pretende reducir la dependencia económica de los medios respecto al dinero público y reforzar su independencia editorial.

La norma fija que la suma de los ingresos procedentes de campañas institucionales —ya sean de la Administración General del Estado, comunidades autónomas o ayuntamientos— no podrá superar ese porcentaje del total anual de ingresos de un medio. En caso de sobrepasarlo, el medio quedará excluido de nuevas campañas de publicidad institucional financiadas con fondos públicos.

Nuevas obligaciones

La reforma también introduce nuevas obligaciones de transparencia. Los medios deberán hacer pública su estructura de propiedad y sus fuentes de financiación, mientras que todas las administraciones estarán obligadas a informar periódicamente de cuánto dinero destinan a campañas publicitarias y en qué medios se invierte. Además, se prevé la creación de un registro público de medios y sistemas transparentes de medición de audiencias.

El Gobierno sostiene que la ley responde a la necesidad de adaptar la legislación española al nuevo marco europeo de libertad de los medios, que exige mayor transparencia en la financiación y en la propiedad de las empresas informativas. Esta regulación europea, en vigor desde 2025, busca evitar que los recursos públicos se utilicen de forma discriminatoria o para favorecer a determinados medios.

La norma incluye, no obstante, una cláusula de salvaguarda para proteger a los medios locales o de menor tamaño. Aquellos con ingresos inferiores a dos millones de euros y con audiencias concentradas en un ámbito geográfico reducido podrán acogerse a condiciones específicas para no poner en riesgo su viabilidad económica.

El anteproyecto ha generado críticas por parte de la oposición, que acusa al Ejecutivo de intentar intervenir en el sector mediático, mientras que el Gobierno defiende que el objetivo es garantizar un reparto “equitativo, transparente y objetivo” de los recursos públicos destinados a publicidad institucional.

La iniciativa deberá continuar ahora su tramitación legislativa antes de llegar al Congreso de los Diputados, donde se abrirá el debate parlamentario sobre el alcance final de una reforma que podría alterar el modelo de financiación de parte del ecosistema mediático español.