MÁLAGA 02.07.2026 | Las condiciones laborales de los periodistas han empeorado en Europa durante el último año, según concluye el Informe sobre el Pluralismo Mediático 2026, elaborado por el Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios (CMPF) de la Universidad Europea de Florencia. El estudio advierte de que la precariedad laboral se ha convertido en uno de los principales riesgos para el pluralismo informativo y la independencia de los medios, al tiempo que alerta sobre el incremento de las presiones políticas, económicas y tecnológicas que afectan al ejercicio del periodismo.

El informe señala que, aunque el marco regulatorio europeo continúa avanzando, especialmente con la entrada en vigor de la Ley Europea de Libertad de Prensa, la aplicación práctica de estas medidas sigue siendo desigual entre los Estados miembros. Los investigadores identifican un retroceso generalizado en las condiciones de trabajo de los profesionales de la información, con especial incidencia en los periodistas autónomos y en los medios de menor tamaño, cuya sostenibilidad económica continúa viéndose amenazada por la dependencia de las grandes plataformas digitales y por la concentración del mercado.

Además de la precariedad laboral, el informe pone el foco en la persistencia de riesgos relacionados con la independencia editorial, la transparencia en la propiedad de los medios, la distribución de la publicidad institucional y el aumento del acoso, especialmente en el entorno digital. También advierte de que la polarización política en numerosos países europeos está incrementando la presión sobre los medios de comunicación y deteriorando la confianza de la ciudadanía en la información.

España mantiene retos pendientes en independencia y protección del periodismo

En el caso de España, el informe concluye que durante 2025 el panorama mediático estuvo condicionado por un fuerte clima de polarización política bajo el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya estabilidad parlamentaria siguió dependiendo de acuerdos con Junts per Catalunya. Los efectos de la Ley de Amnistía continuaron marcando el debate público, mientras las tensiones entre el Gobierno, la oposición y los medios de comunicación mantuvieron un elevado nivel de confrontación.

El estudio reconoce avances en la adaptación de la legislación española a los estándares europeos, especialmente en preparación para la aplicación de la Ley Europea de Libertad de Prensa, aunque advierte de que persisten importantes carencias. El nuevo registro de medios impulsado bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) seguía pendiente de aprobación parlamentaria, mientras continuaba vigente el Registro Estatal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo alcance no incluye a la prensa escrita ni a la mayoría de los medios digitales. Asimismo, el informe mantiene las dudas sobre la independencia de RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española) tras la reforma de su sistema de gobernanza y alerta de la falta de medidas para garantizar una distribución objetiva de la publicidad institucional.

En materia de protección de los periodistas, España aún no había incorporado plenamente la normativa europea contra las SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), por lo que los profesionales siguen expuestos a litigios destinados a desalentar investigaciones de interés público. El informe también destaca el aumento del acoso en línea contra periodistas, la persistencia de los delitos de difamación en el ámbito penal y la elevada concentración del mercado mediático, factores que, junto a la fragilidad económica de numerosos medios digitales, continúan condicionando el pluralismo informativo en el país.

Independencia en jaque

El Informe sobre el Pluralismo Mediático 2026 concluye que la fortaleza de la democracia europea depende, en gran medida, de la existencia de unos medios independientes, sostenibles y capaces de desarrollar su labor sin presiones políticas, económicas o judiciales. Por ello, insta a los Estados miembros a reforzar la protección de los periodistas, mejorar las condiciones laborales del sector y garantizar la plena aplicación de las nuevas normas europeas en materia de libertad de prensa.

El estudio presenta diferentes indicadores para analizar si se dan las condiciones para conseguir un periodismo independiente y libre en los estados miembros de la UE. La protección de los profesionales es uno de los puntos principales, pero tan solo seis de los 27 países analizados demostraron un nivel de riesgo bajo. Luxemburgo con un 8%, Dinamarca con un 14% y Estonia con un 15% se posicionaron como los territorios con la protección más aceptable.

Serbia y Grecia se colocaron como las regiones con la menor protección para el ejercicio periodístico tras registrar niveles altos de riesgo, con el 77% y el 69%, respectivamente. Gran parte de los países presentaron niveles de riesgo medio-alto, como España, que obtuvo el 52%, e Italia, con el 63%.

En cuanto a la protección de la integridad de la información, los resultados se repartieron de manera diversa entre los diferentes países. Serbia se posicionó con el riesgo más alto tras obtener un nivel del 77%, seguida de Bulgaria con un 76% y Albania con un 72%. España también se encontró con un riesgo alto, tras registrar un 67%.

La pluralidad del mercado consiguió unas cifras mucho más altas. Si bien varios países obtuvieron unos resultados generales moderados, como España, que alcanzó un nivel medio-bajo (37%), o Alemania, que logró un riesgo bajo (18%), varios estados obtuvieron un nivel de riesgo calificado como muy alto. Hungría tuvo la cifra más alta con un 97% de riesgo, seguida de la República Checa y Países Bajos, ambas con un 87%.

España obtuvo unos resultados desfavorables en la diversidad cultural y lingüística con un 75% de riesgo. Las regiones de Europa del Este también registraron niveles elevados, rondando entre el 70% y el 80% de riesgo. En cambio, en igualdad de género gran parte de la Unión Europea presentó niveles de riesgo altos: la República Checa obtuvo el peor resultado (97%), junto con Portugal (87%) y Eslovaquia (85%). Tan solo Finlandia (12%) y Croacia (23%) lograron un nivel bajo.

El acceso universal a los medios de comunicación es uno de los derechos que se encuentra garantizado en gran parte de Europa. Italia se presentó como el país con el riesgo más bajo (11%) y Serbia con el más alto (74%). La mayoría obtuvo un nivel bajo, como España (24%). La protección del derecho a la información presenta niveles moderados en la mayor parte de la UE.

Para más información: Mapa interactivo de los resultados de MPM