FEPALC y FIP llaman a fortalecer la lucha contra el acoso judicial a periodistas en América Latina

El acoso judicial se ha convertido en una herramienta recurrente tanto en el ámbito penal como en el civil, utilizada por actores del poder político o económico con el fin de afectar a periodistas y medios de comunicación y lograr que no se investigue ni se publique información relevante para la sociedad sobre asuntos que involucran sus intereses. Esto se evidencia en datos recolectados por UNESCO, que revelan que entre 2020 y 2023 se realizaron al menos 22 demandas contra periodistas en 14 países de la región, según recoge la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en su página web. La mayoría están relacionadas con casos de interés público y fueron presentadas por figuras de alto perfil político y económico​.

Esto es posible porque, a pesar de los avances experimentados en las últimas décadas, 29 de los 33 países de América Latina y el Caribe aún conservan leyes sobre difamación que contemplan sanciones penales. A su vez, en la región no se han promovido ni aprobado aún leyes que permitan prevenir el abuso de las acciones judiciales para hostigar a los trabajadores de prensa o medios de comunicación.

A su vez, estas demandas suelen estar acompañadas por exigencias de indemnizaciones desproporcionadas, en un intento de disuadir la investigación y cobertura periodística de los hechos en cuestión y así fomentar la autocensura de las y los profesionales.  Este es uno de los aspectos centrales de estos procesos, conocidos como litigios estratégicos contra la participación pública- y también por su acrónimo en inglés, SLAPPs-.Este tipo de acciones no solo socavan la libertad de expresión, sino que también afectan el derecho al trabajo decente ya que los profesionales que enfrentan estas demandas se ven incitados a limitar sus temas de cobertura, a autocensurarse, o inclusive a abandonar el oficio.

En la conmemoración del Día Mundial por el Trabajo Decente (7 octubre) es necesario subrayar que el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de los trabajadores de prensa tienen relación directa con los derechos laborales. Sin garantías para un ejercicio periodístico libre de amenazas y presiones judiciales, no será posible hablar de trabajo decente en el ámbito periodístico. En este sentido, FEPALC y FIP llaman a concientizar y promover la lucha contra estos ataques que buscan deslegitimar y desprestigiar a los periodistas, y garantizar el derecho al trabajo decente mediante el fortalecimiento de la principal herramienta de los trabajadores: la acción sindical y la organización colectiva.