La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha acordado conceder el amparo solicitado por el periodista Xabier Fortes, trabajador de Radio Televisión Española (RTVE) y director del programa La Noche en 24 horas de TVE, por el ataque a la libertad de expresión y de información, así como a la independencia profesional, que supone la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La querella se extiende también a los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo, participantes en el programa emitido el 26 de noviembre, y se basa en que durante el mismo se calificó a González Amador como «defraudador confeso».

Según relata el propio Fortes en su petición de amparo, «el pasado jueves 5 de diciembre, pocos minutos antes de empezar a presentar el programa La Noche en 24 horas, recibí un burofax del abogado de Alberto González Amador en el que se me comunica un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias a su patrocinado. En la misma se amplía esa querella a los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo. El abogado de González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, justifica esa querella en el hecho de que en el programa que presento y dirijo nos hayamos referido a su defendido como ‘autor confeso de un fraude fiscal’. En la misma, además de exigirme una rectificación y una declaración expresa de que no volveré a utilizar esa expresión, me exige la cantidad de 5.000 euros como indemnización».

«No deja de ser chocante», continúa, «la interposición de dicho anuncio previo a la querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la fiscalía que ‘ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública’. Como acto previo y necesario a la querella se me insta a un acto de conciliación. Evidentemente me reafirmo, por si había alguna duda, en la expresión utilizada, por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido en el referido documento remitido a la fiscalía que han difundido los medios de comunicación y que no solo no ha negado, sino que ha venido a validar al denunciar la filtración del mismo. No encuentro otra forma más breve y ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador».

La Federación considera que la demanda, además de atentar contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, tiene un carácter directamente intimidatorio y de presión contra el director del programa y los periodistas que participan en el mismo. Asimismo, va en sentido opuesto a la legislación europea en materia de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), que se refiere a las acciones judiciales abusivas destinadas a silenciar a profesionales con capacidad y derecho de crítica pública y establece garantías ante ellas (directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo).

La FAPE reprueba taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los intentos de amedrentar con actuaciones de este tipo. La FAPE ha condenado reiteradamente estas conductas y no va a dejar de denunciarlas porque suponen un atentado contra las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española. Por ello, desde la FAPE consideramos que la justicia debe salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información. La legislación europea contempla mecanismos para archivar de manera acelerada este tipo de demandas y sancionar a los que las utilizan. El periodismo consiste en garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz.