La FIP reclama una regulación más estricta frente a la vigilancia sobre los periodistas
La organización advirtió en su nuevo informe de los riesgos para la protección de las fuentes y reclama marcos legales más claros ante el uso de tecnologías de seguimiento
6 octubre, 2026
MÁLAGA 06.10.2026 | La Federación Internacional de Periodistas (FIP) reclama un refuerzo de las garantías legales frente a la vigilancia de profesionales de la información. Así lo ha comunicado en su nuevo informe ‘Hacked Silence: Journalists and Surveillance – Addressing Legal and Regulatory Challenges’, un estudio que analiza los marcos legales y regulatorios relacionados con la vigilancia de periodistas.
El documento advierte que estas prácticas controladoras en el ejercicio de la profesión pueden comprometer la confidencialidad de las fuentes, la seguridad de los profesionales y su capacidad para desarrollar investigaciones. También señala que el temor a ser objeto de seguimiento puede favorecer la autocensura, dificultar el contacto con fuentes y limitar investigaciones, lo que perjudicaría el derecho de la ciudadanía a informarse.
Las brechas en las garantías
Uno de los principales problemas identificados es la distancia entre las garantías reconocidas legalmente y su aplicación efectiva. El análisis detecta una combinación recurrente de herramientas de vigilancia comercial, capacidades de los servicios de inteligencia y mecanismos de supervisión insuficientes. Entre las carencias señaladas figuran la falta de transparencia, controles judiciales y parlamentarios débiles y la ausencia de organismos independientes con capacidad suficiente para investigar y auditar estas actuaciones.
Para ello han examinado el marco internacional a través de la legislación, normas y resoluciones de organismos como Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos. Además, han analizado la situación específica de diez países: India, Pakistán, Kenia, Italia, Serbia, Brasil, México, El Salvador, Líbano y Jordania.
Así la FIP ha podido identificar diferencias y vacíos en los mecanismos destinados a proteger la libertad de prensa. El informe aborda tanto los sistemas de interceptación empleados dentro de marcos legales como el uso de programas espía contra profesionales de la información en contextos donde existen mayores restricciones a los medios. También han examinado cómo los operadores de telecomunicaciones y las grandes empresas de plataformas contribuyen a los ecosistemas de vigilancia.
El análisis pone de relieve tendencias emergentes, contrastes notables y lagunas normativas persistentes entre estas distintas jurisdicciones, basándose en las normas constitucionales, las leyes y la evolución reciente de la jurisprudencia.
Una respuesta global
La presidenta de la organización, Zuliana Lainez, ha reclamado una respuesta internacional, insistiendo en la necesidad de una legislación más estricta que determine con claridad qué herramientas pueden utilizarse, en qué circunstancias y quién puede emplearlas. «Necesitamos una respuesta global para erradicar la vigilancia de quienes arriesgan su vida para informar al público«, ha subrayado.
El documento forma parte de una investigación de la FIP sobre las herramientas y prácticas utilizadas para monitorizar, rastrear o intervenir las comunicaciones. La organización reclama normas que establezcan de forma precisa qué tecnologías pueden emplearse, en qué circunstancias y bajo qué controles, y plantea utilizar las conclusiones del estudio para reforzar la protección de la libertad de prensa a escala internacional.