Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, analiza en su último informe el uso indebido y abuso de los sistemas de justicia mediante Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública (SLAPPs por sus siglas en inglés)

En el informe, la Relatora Especial de la ONU examina la influencia económica indebida que se ejerce en los sistemas de justicia y remarca el uso estratégico de éstos para alcanzar objetivos más inmediatos por parte de actores de poder, que recurren a las SLAPPs para blindar sus intereses comerciales o proteger su reputación frente a investigaciones, críticas o protestas legítimas. Satterthwaite explica que, mediante ellas, determinados asuntos de interés público se convierten en litigios privados y se abre la puerta a castigar o intimidar a activistas o a disuadirlos de participar en futuras actividades de promoción de los derechos humanos.

Asimismo, entendió que, esas demandas estratégicas contra la participación pública causan graves perjuicios a las personas que son víctimas directas de ellas, incluso cuando no prosperan. Hallando que, ser objeto de una demanda estratégica constituye per se una violación de los derechos humanos. Así, la Relatora recordó lo necesario de que se refuercen los sistemas de ética e integridad y se colmen las lagunas jurídicas, así como que los magistrados, fiscales y abogados realicen esfuerzos conjuntos para hacer frente a esos peligros; de lo contrario, muchos actores sociales quedarán excluidos o silenciados, y ello acarreará terribles consecuencias para los derechos humanos.