La SIP señala un aumento de acoso judicial contra periodistas en Colombia y documenta casos recientes

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha planteado una alerta por el incremento de acciones judiciales dirigidas contra periodistas y comunicadores en Colombia, que según la organización configuran un patrón de hostigamiento legal y un posible uso abusivo del sistema penal como mecanismo de presión contra la labor informativa y de opinión.

En un comunicado divulgado esta semana, la SIP identificó dos casos recientes que ilustran esta tendencia: los de la periodista Lorena Beltrán y la columnista Ana Bejarano Ricaurte. La organización advierte que estas actuaciones pueden tener efectos no solo sobre los profesionales directamente implicados, sino también sobre el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.

El caso de Lorena Beltrán, reportera exiliada, ha vuelto a activarse con un nuevo proceso judicial que, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se ha extendido hasta el país donde reside actualmente. Beltrán, que había investigado a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían sin cumplir requisitos legales, ya había enfrentado cuatro acciones de tutela promovidas por los médicos mencionados en sus reportajes. El 31 de diciembre de 2025 fue notificada de una nueva acción legal en su contra en su lugar de residencia, información que no era de dominio público, según detallan las organizaciones que la apoyan.

Por su parte, el caso de Ana Bejarano Ricaurte se originó tras la publicación de una columna de opinión el 11 de enero de 2026, en la que cuestionó la trayectoria y discurso político del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, así como su vinculación con el empresario Alex Saab, señalado en diversas investigaciones por su supuesta relación con altos círculos políticos. El propio candidato anunció acciones judiciales contra Bejarano Ricaurte tras la difusión de ese texto.

En su pronunciamiento, la SIP señaló que este tipo de acciones reiteradas pueden constituir un uso abusivo del sistema judicial con el propósito de castigar o desalentar investigaciones y opiniones sobre asuntos de interés público, limitando de este modo el acceso de la sociedad a información plural y oportuna.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresó en el comunicado que el uso del aparato judicial como mecanismo de intimidación resulta incompatible con los principios democráticos y los estándares interamericanos sobre libertad de expresión. En ese sentido, Ramos instó a las autoridades colombianas a garantizar que el sistema judicial no sea utilizado para perseguir o amedrentar a periodistas, a promover salvaguardas efectivas frente al acoso judicial y a asegurar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo. Además, exhortó a jueces y fiscales a actuar conforme a estándares internacionales sobre libertad de prensa.

La SIP también recordó que acciones legales abusivas de este tipo, conocidas como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), no buscan la reparación de un daño legítimo, sino que pueden provocar desgaste emocional y económico en los periodistas, fomentar la autocensura y desincentivar investigaciones sobre temas de interés público.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como FLIP, han seguido de cerca estos casos y han documentado la utilización de mecanismos judiciales en contra de comunicadores en Colombia, lo que se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre el ejercicio periodístico y el sistema de justicia.