FAPE defiende ante el Gobierno la independencia de los medios y el derecho a la información de los ciudadanos

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), a la que pertenece la Asociación de la Prensa de Málaga, entregó el  16 de julio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un detallado informe en el que pedía que se garantizara la independencia de los medios y el derecho a la información de los ciudadanos (ver informe). Lo hizo un día antes de su comparecencia en el Congreso donde explicó el paquete de medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo relativas al Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, de obligado cumplimiento. Tras la comparecencia, los colectivos periodísticos lo acusan de falta de concreción y de haberse limitado a anunciar algunas medidas que España está obligada a aplicar porque están incluidas en el Reglamento Europeo, sin concretar, por ejemplo, cómo combatir la desinformación y los bulos o la reforma de la Ley Mordaza.

Sánchez anunció  un plan contra la desinformación con medidas para identificar a los propietarios de medios y «proteger» a los periodistas, que pasa por la actualización de la Ley de Publicidad Institucional. El presidente del Gobierno compareció en el Congreso para explicar su «plan de calidad democrática», que incluye inyectar 100 millones de euros para «acelerar la digitalización de los medios».

Reproducimos íntegramente el informe entregado al presidente del Gobierno con el posicionamiento de la FAPE.

 

REGLAMENTO EUROPEO DE LIBERTAD DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POSICIONAMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS DE ESPAÑA

 

FAPE | 16.07.2024| La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) apoya los términos y propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que ha de entrar en vigor en su totalidad el 8 de agosto de 2025, siempre y cuando su aplicación a nivel estatal asegure el libre ejercicio de la profesión periodística, rechazando cualquier intento de injerencia de los poderes públicos; garantice el derecho a la información veraz de la ciudadanía, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española; y salvaguarde la independencia de los medios de comunicación con una financiación estable y transparente. Cualquier reforma de una ley nacional fundamentada en este reglamento debe ir en esta línea y no en la de limitar las libertades informativas, ni en el intento de controlar a los medios.

La regulación 2024/1083 (EMFA, por sus siglas en inglés) propuesta por la Comisión Europea y aprobada el 13/05/2024 muy mayoritariamente por el Parlamento Europeo (464 votos a favor, 92 en contra, 65 abstenciones) incluye aspectos que nos parecen determinantes para el saneamiento del ecosistema mediático. Es una normativa necesaria que pone el foco en la independencia de los medios y en la protección del periodismo y los periodistas, pero la principal preocupación de este sector profesional es la actualización y el desarrollo de las normativas estatales que conlleva su aplicación.

Antes de entrar en los puntos más relevantes del Reglamento, la FAPE estima necesario plantear el debate de qué debe ser considerado medio de comunicación, una cuestión de vital importancia para garantizar la democracia. Proteger a los medios de comunicación que hacen su trabajo de acuerdo con el Código Deontológico de la Profesión Periodística (https://fape.es//home/codigo-deontologico) debe ser una prioridad para el Gobierno.
Al ser una profesión no regulada por ley, cualquier persona puede ejercerla y dar de alta a una empresa como medio de comunicación en el Registro Mercantil. Al obtener esa categoría de medio, obtiene una serie de derechos superiores a la de cualquier ciudadano, pero también debería adquirir sus obligaciones.
Aunque la normativa europea recoge algunos de los requisitos que han de cumplir los medios de comunicación para que las plataformas digitales de gran tamaño les permita autodeclararse como tales, como, por ejemplo, que sean independientes de partidos políticos o de terceros países; que estén sujetos a normas editoriales, bajo la supervisión de alguna entidad externa independiente o un mecanismo de autorregulación; o que no ofrezcan contenidos elaborados por inteligencia artificial sin revisión humana, desde la FAPE estimamos que una simple autodeclaración es insuficiente y hay que introducir otros criterios que respalden a los profesionales de la información frente a los activistas de la mentira y la desinformación. En este sentido, conviene subrayar la negociación finalmente exitosa de la Federación Internacional y Europea de Periodistas (IFJ-EFJ), a las que pertenece FAPE, con los MEP, para la salvaguarda de las fuentes y la independencia del periodismo de investigación frente a las presentes amenazas de los softwares Spyware y las arbitrariedades de las estrategias judiciales contra la participación pública, las llamadas SLAPP.

Sin entrar en la libertad de las personas para expresar libremente sus ideas, porque no podemos confundir libertad de expresión y libertad de información, opiniones frente a hechos, entre los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para el ejercicio del derecho a la información, los periodistas han de cumplir con el principio de veracidad, que no se identifica con la verdad sino con la diligencia profesional en la comprobación de la información. El TC ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible. Para la FAPE, por tanto, la diferencia sustancial entre un medio de comunicación y lo que no lo es viene marcado por la veracidad de las informaciones que publica, emite o difunde.

Además de este principio, que es el pilar fundamental de la información de calidad, la FAPE aboga por el periodismo ejercido por periodistas. El hecho de que esta no sea una profesión regulada por ley no debe ser impedimento para que el Gobierno considere medios de comunicación a aquellos cuyas redacciones están formadas por titulados o posgrados en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual. Y, por supuesto, no se puede informar al ciudadano, porque el periodismo es un servicio público, sin exigir a los medios de comunicación transparencia en sus propietarios y su financiación pública.

Urge, por tanto, definir a quienes afectará la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo, que contempla la obligación de crear un organismo regulador independiente (Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación), entre cuyas funciones se encuentran, además de otras, analizar el nivel de concentración de los medios para evaluar si está en riesgo la pluralidad informativa; vigilar el reparto de la publicidad institucional para que este sea equitativo y no arbitrario, ni se utilice en beneficio de intereses partidistas, y fomentar el uso de medidas y herramientas eficaces para fortalecer la alfabetización mediática.

COMITÉ EUROPEO DE SERVICIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como marca el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, en su artículo 8, el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA) será sustituido por Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, un organismo independiente compuesto por representantes de las autoridades u organismos reguladores nacionales, que será el responsable de velar por el cumplimiento de la nueva normativa en materia de Medios de Comunicación.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España propone al Gobierno de España la creación de una comisión asesora a disposición del/ de los representante/s español/es en el citado Comité, compuesta por expertos en las distintas materias que nos ocupan. Junto con la implementación de la alfabetización mediática, las medidas relativas a Transparencia y Publicidad Institucional que recoge la normativa europea van a suponer la adaptación de unos estándares mínimos para los 27 estados miembros, que traerá consigo el reconocimiento de una serie de derechos y obligaciones para los medios de comunicación.
La dilatada experiencia de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE, con 220 dictámenes emitidos, es, a nuestro juicio, una base de referencia y calidad doctrinal. Si bien sus resoluciones carecen de carácter sancionador ya que su finalidad es meramente recomendatoria, cumple con una persistente necesidad: clarificar el confuso panorama informativo en nuestro país.

TRANSPARENCIA

El artículo 6 de esta ley establece ya la obligación por la que los medios tendrán que hacer público el nombre de sus propietarios (titulares públicos o privados con paquetes de acciones y capacidad ejecutiva y de decisión), de modo que los ciudadanos puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Como representantes de los profesionales de la información, nos parece una medida eficaz para desincentivar y limitar el riesgo de injerencia con la independencia editorial.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

En consonancia con el punto anterior, los medios de comunicación también estarán obligados a rendir cuentas sobre el importe anual de la publicidad estatal recibida y otros ingresos publicitarios percibidos por entidades públicas de terceros países.

Tal y como señala el preámbulo de la normativa europea “A fin de asegurar una competencia sin distorsiones entre los prestadores de servicios de medios de comunicación y las plataformas en línea y de evitar el riesgo de subvención encubierta y de influencia política indebida sobre los medios de comunicación, procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea a efectos de publicidad estatal o adquisición de bienes o servicios a partir de ellos distintos de la publicidad estatal, como por ejemplo producciones audiovisuales, datos de mercado y servicios de consultoría o formación. … Dicha asignación debe tener por objetivo asegurar la pluralidad de los medios de comunicación, en especial beneficiando a diversos prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea. … A fin de asegurar un alto nivel de transparencia, es importante que de antemano se pongan a disposición del público, por medios electrónicos y fáciles de usar, los criterios y procedimientos empleados para asignar fondos públicos a los prestadores de servicios de medios de comunicación y a los prestadores de plataformas en línea a efectos de publicidad estatal y adquisiciones estatales de suministros o de servicios”.

La normativa europea obliga, por tanto, a revisar la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, puesto que habrá que introducir criterios comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en cuanto a cómo y a quién se asigna la publicidad institucional.

En este sentido, la FAPE solicita que se tenga en cuenta la resolución aprobada por su asamblea general de forma unánime, celebrada en Lanzarote, en 2022, para que “las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales no contemplen en el reparto de sus ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o por promover informaciones falsas”.

Por otro lado, el Código Civil y el Código Penal contemplan condenas o sanciones en el ámbito del derecho al honor: la injuria y la calumnia, pero la desinformación y la mentira no están tipificadas como delito. Podrían contemplarse, como elemento disuasorio, el incremento de las multas y sanciones en el Código Civil.

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

El periodismo ha de garantizar que la sociedad esté bien informada para poder tomar decisiones y en este punto confluyen dos pilares esenciales para el buen estado de salud de una verdadera democracia: el acceso a la información veraz y la alfabetización mediática.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación contempla en las ‘Funciones del Comité’ -artículo 13, apartado o)- que “intercambiará experiencias y mejores prácticas en materia de alfabetización mediática, en particular para fomentar el desarrollo y el uso de medidas y herramientas eficaces para fortalecer la alfabetización mediática”.

Hace más de una década que la FAPE viene reiterando la inclusión de una asignatura de alfabetización mediática en Educación Secundaria Obligatoria. Si esta petición se hubiera considerado, se habrían dado pasos importantes para luchar contra la desinformación, un fenómeno que no solo afecta a la seguridad nacional sino a la sociedad en su conjunto. Formar a la ciudadanía para que tengan una actitud crítica ante la avalancha de información y desinformación a las que están expuestos, y que tengan herramientas para discernir la veracidad y falsedad de las noticias que reciben es crucial en un mundo globalizado en el que la manipulación y los bulos hacen que se ganen o pierdan unas elecciones, o que proliferen teorías de la conspiración en ámbitos tan opuestos como la salud o la inmigración.