Sri Lanka | El Gobierno amenaza con activar poderes de emergencia para frenar las críticas al presidente
La medida, anunciada por el viceministro de Seguridad Pública, abre un debate sobre el respeto a la libertad de expresión en plena crisis por el ciclón Ditwah
11 diciembre, 2025
Las autoridades de Sri Lanka han encendido las alarmas entre el sector periodístico tras las declaraciones del viceministro de Seguridad Pública, Sunil Watagala, quien apuntó a la posibilidad de recurrir a poderes de emergencia para contener los mensajes críticos hacia el presidente Anura Kumara Dissanayake y su gabinete. El aviso sugiere un refuerzo del control sobre los contenidos que circulan en redes y plataformas digitales, especialmente aquellos difundidos desde el extranjero, según informa la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en su página web.
La advertencia se produce en un momento especialmente delicado para el país, que continúa evaluando el impacto del ciclón Ditwah. La magnitud del desastre ha provocado un aumento de la demanda informativa y ha llevado a numerosos periodistas a desplazarse a las zonas afectadas para documentar la situación.
La Sri Lanka Working Journalists Association (SLWJA) expresó su rechazo a la posibilidad de imponer medidas excepcionales, alegando que podrían interpretarse como un intento de limitar la crítica legítima en plena emergencia nacional. La FIP, afiliada de la asociación, recordó que la transparencia y el libre flujo de información son esenciales para que la ciudadanía pueda comprender la gravedad del fenómeno y la respuesta institucional.
Las asociaciones advierten también de los riesgos que afrontan los reporteros que trabajan sobre el terreno, quienes deben conciliar la necesidad de informar con la seguridad personal en un escenario marcado por daños estructurales, dificultades de acceso y comunicaciones intermitentes. Señalan que cualquier presión adicional por parte de las autoridades podría entorpecer la labor de verificación y seguimiento que exige una crisis de esta escala.
Mientras el Ejecutivo insiste en que la legislación de emergencia solo se contemplaría en casos de desinformación malintencionada, crece el debate sobre dónde se sitúa la línea entre combatir falsedades y limitar la libertad de expresión.